Hablar hoy de educación significa hablar de reforma legislativa en un clima de intensa controversia. Tras la aprobación por la mínima del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, nos vemos abocados a la octava ley de educación en cuarenta años, o lo que es lo mismo, salimos a una ley educativa con catorce centésimas por presidente del Gobierno durante la democracia. Se dice pronto.
La llamada “Ley Celaá”, viene a sustituir a la LOMCE de 2013, que parecía, en un halo de esperanza democrática, que sería enmendada mediante consenso con la creación de una Subcomisión para el Pacto Educativo. Ese hilito de esperanza se partió cuando el Partido Socialista y Unidas Podemos se levantaron de la mesa de negociación. De esa manera nace ahora la LOMLOE, sin consenso alguno como en ocasiones anteriores, pero que esta vez que hace aún más visible por la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición.
En un simple vistazo general podemos destacar los puntos principales y los más controvertidos del texto que nos atañe. En primer lugar encontrar lo referente a la educación concertada. Elimina la posibilidad de estos colegios de cobrar una cuota, incluso voluntaria, a los alumnos por formarse en estos centros, elimina la creación de centros de este tipo motivada en la demanda social y no se permitirá la segregación sexual. Habrá que estar pendiente de los recursos que planteen los partidos de la oposición sobre este asunto y que perdurabilidad tienen las medidas impuestas en la “Ley Celaá”, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha tumbado el veto de la Generalitat a concertar con centros que lleven a cabo segregación con motivo del sexo.
Otro aspecto controvertido es la eliminación del castellano como lengua vehicular, medida que fue introducida en el proyecto de ley tras la aprobación de una enmienda transaccional acordada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC. De esta forma, se pretende que sea cada Comunidad Autónoma quién dictamine cual es su lengua vehicular, es decir, cada territorio podrá elegir que el grueso de asignaturas se imparta en una lengua cooficial relegando el castellano a unas pocas horas de formación básica.
La educación especial es otro tema que está en boca de todos. La LOMLOE pretende impulsar por la integración de ésta en los centros ordinarios, por lo que están surgiendo voces de todo tipo alarmando sobre la situación. Nadie sabe si esta inclusión en los centros ordinarios supondrá una ralentización para el resto de los alumnos, o por el contrario, provocará una desatención a los alumnos destinatarios de la educación especial. Del mismo modo, hay quién ve peligrar los centros especiales por la desviación de fondos hacia los ordinarios. El único hecho tangible es que tenemos un párrafo bastante ambiguo en la ley y las volátiles palabras de la ministra de educación diciendo que no se cerrará la educación especial.
Otros temas candentes son la cuestión de la repetición de curso y la asignatura de religión. En el primer caso, la ley posibilita la promoción de curso de un alumno con hasta dos asignaturas suspensas si así lo decide el claustro de profesores. A pesar de que el texto legal da a esta medida un carácter extraordinario, la ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) ha criticado duramente este aspecto alegando que va contra los valores del esfuerzo, la constancia y el mérito. Sobre la asignatura de Religión Católica, dice la ley que no computará para la selectividad y la obtención de becas y que se cursará siempre de manera voluntaria.
Otras medidas que incorpora la “Ley Celaá” son la implantación de asignaturas de educación sexual y valores cívico-éticos, el aumento de plazas en educación infantil y la incorporación en Bachillerato de una modalidad mixta de ciencias y letras.
La ley está ahora en el Senado y no sabemos cuál será el resultado final del texto, peor posiblemente sea algo muy parecido a lo que hemos desgranado brevemente aquí. Sin duda para mí, y esto ya es opinión personal, sigue faltando en la educación primaria pero sobre todo en secundaria y bachillerato una asignatura que enseñe a los ciudadanos del futuro cuáles son sus derechos y deberes, donde encontrar publicada una ley, o algo tan cotidiano como hacer una simple reclamación.